Pedro Sánchez tiene deberes antes de las vacaciones. Se lo advirtieron los socios el miércoles y eso le obliga a recuperar su confianza. Con ERC lo va a intentar a través de la financiación singular para Cataluña. El compromiso es que en 2026 el IRPF lo gestione la Generalitat, algo que le dará un quebradero de cabeza a Sánchez con sus propios presidentes autonómicos. Castilla La Mancha y Asturias lo rechazan. García Page ha llegado a decir hoy que la corrupción causa que los socios tengan barra libre para pedir lo que quieran debido a la debilidad del Ejecutivo. Otros socios, los nacionalistas vascos, quieren ya las transferencias que pactaron a cambio de la investidura del presidente del Gobierno. Se las va a reclamar el lehendakari Imanol Pradales a Sánchez en su reunión del próximo martes. Con Junts también tiene trabajo Sánchez. El 18 de julio el Gobierno tratará de nuevo que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea. Mientras, Bildu y Podemos se han reunido hoy para presionar al Gobierno en algo que también le pidió a Sánchez la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, el miércoles: avanzar hacia un estado plurinacional. Con todos estos frentes abiertos, el Ejecutivo va a intentar mantener a flote una legislatura tocada por otro frente: el de la corrupción. Pero que mientras no haya más casos ningún socio quiere dar el paso de finiquitarla.