Cada vez se enreda más el caso del ático al cuello del presidenta de la Comunidad de Madrid. Las explicaciones de esta semana no le han salido todo lo bien que esperaba. Por primera vez se reconoce que era para uso residencial, de vivienda, con el matiz de ocasional pero no para oficinas como se llegó a asegurar. Con una Ayuso enfadada intentando justificarse este viernes, concluyendo que no sabía nada pero reconociendo que visitó el piso que se encuentra frente a la vivienda familiar donde reside su madre. A rastras el gobierno autónomico publicó el jueves la documentación de la compra. 200 páginas pero ni rastro de quién mandó comprar ni por qué. Sí un informe de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de dudaba de la necesidad y la idonenidad de la operación. Incógnitas que dan munición a los socialistas que ven un patrón con otras residencias de dirigentes populares. El ático, que costó más de 6 millones de euros, es ya un activo tóxico para el PP madrileño que ha intentado venderlo express tras la polémica pero no ha encontrado comprador. Revelador también que la Comunidad de Madrid tuviera intención de alquilarse así misma el piso de lujo a razón de 3.000 euros al mes cuando una vivienda así cuesnta cuatro veces más entre 12 y 16.000 euros mensuales. Con un detalle tampoco revelado porqué se acordó que las rentas no se pagarían hasta pasados 15 meses. A ocho meses de las elecciones autonómicas sobrevuelan ya sobre la administración de Ayuso dos investigaciones. Una penal, a cargo del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar y una inspección de la proceso de compra que lleva el Tribunal de Cuentas.