El 9 de marzo de 2021 María Jesús Montero, entonces portavoz del Gobierno, anunció que el Consejo de Ministros había aprobado en su última reunión préstamos concedidos a Plus Ultra "que ascienden a 53 millones de euros (...) el carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo". Más allá de toda la atención centrada en aquel momento en la crisis sanitaria, planearon desde el principio dudas sobre la operación de rescate de la aerolínea a pesar de la defensa que siempre ha hecho el Ejecutivo, con el presidente destacando en diciembre de 2025 "la pulcritud de todos los rescates, bueno que no fueron rescates, fueron préstamos". El Consejo de Ministros dio el visto bueno a propuesta de la SEPI a una compañía considerada estratégica cuando disponía de cuatro aviones. Con uno de ellos solo en funcionamiento. "Es la Comisión Europea la que urge a los estados miembros a dar ayudas para evitar el colapso", defendía el vicepresidente del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Enturbió la operación un informe pericial que cuestionaba la solvencia de la empresa antes del rescate con lo que Plus Ultra no cumpliría con un requisito básico para el préstamo. Según el Gobierno, cinco informes avalan que la compañía no estaba en crisis. Y un juzgado consideró esas dudas insuficientes archivando una denuncia. "Hemos cumplido con la legalidad", sentenciaba Sánchez desde Palo Alto mientras el PP le acusaba de conceder préstamos a dedo. A todo hay que añadir la sospecha de si la aerolínea estaba al corriente de pago con la Seguridad Social, dato que el juez José Luis Calama lo cuestiona. Pero, según fuentes del Gobierno, a Plus Ultra se le concedió un aplazamiento legal que finalizó por pago.