Volverá al Tribunal Supremo el próximo día 21, pero esta vez seriamente comprometida. Hoy hemos conocido que el registro de su domicilio ordenado por el juez fue en calidad de investigada por cinco delitos de corrupción: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Y que en su domicilio familiar en Santiago de Compostela guardaba el acuerdo bajo sospecha por el que Adif compró durante la pandemia cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García y representada por Víctor de Aldama. Pero hay que remontarse al ya famoso informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán para entender la delicada situación en la que se encuentra Pardo de Vera. La Guardia Civil ya señalaba que tanto la expresidenta de Adif como Javier Herrero, exdirector de Carreteras, habían seguido las supuestas consignas de Koldo García y Santos Cerdán, con el también supuesto conocimiento de José Luis Ábalos, para adjudicar a las constructoras Levantina, Acciona y OPR varias obras públicas por decenas de millones de euros. Pardo de Vera tendrá que responder por esto y también por la contratación irregular de varias exparejas y amigas de José Luis Ábalos en empresas públicas.