El malestar no ha venido por sorpresa. Sumar lleva tiempo arrastrándolo y los recientes resultados electorales en Castilla y León no han contribuido precisamente a calmar las aguas. Frustradas sus expectativas en la pugna con Podemos por consolidarse como la referencia a la izquierda del PSOE, ahora Sumar eleva el tono y lo hace con la vivienda, uno de sus ejes prioritarios; su línea roja. Un asunto que, además, coloca a los socialistas en una posición incómoda frente a otros socios parlamentarios, como Junts o el PNV. Pero la tensión no es nueva, los de Yolanda Díaz ya deslizaron que, ante la falta de avances, la salida podría pasar por la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Y no es el único frente abierto, los casos judiciales que afectan al PSOE por presunta corrupción y presuntas agresiones sexuales han añadido presión a una relación ya deteriorada. La exigencia de una remodelación interna, que quedó en nada, opacó durante un tiempo el tema de la vivienda. Ahora vuelve a resurgir. El Gobierno ha conseguido apaciguar la llama con un segundo real decreto en el que se incluyen las exigencias de Sumar. Con pocas probabilidades de prosperar, pero que sirve de nuevo para evitar una ruptura definitiva del Gobierno de coalición.