Con la aprobación de la nueva ley de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, el Gobierno ha endurecido significativamente las sanciones por delitos menores y ha introducido nuevas figuras penales para reforzar el control social y desarticular redes criminales. Una de las claves de la reforma es el tratamiento de los hurtos menores: hasta ahora, si el valor del bien sustraído no superaba los 400 euros, la sanción era una multa. Ahora, si una persona reincide tres veces, aunque el monto sea inferior a ese límite, se enfrentará a penas de hasta tres años de prisión. Además, se endurece la pena por robar teléfonos móviles, considerados bienes de alto valor simbólico y uso cotidiano. La ley también introduce medidas de control espacial: se podrá prohibir a los multirreincidentes el acceso a determinados barrios, provincias o lugares públicos, como forma de prevención y disuasión. Esta medida, similar a las órdenes de alejamiento, busca evitar la reincidencia en zonas con alta incidencia delictiva. Otra novedad es la tipificación del “petaqueo” como delito: almacenar, transportar o facilitar combustible para las llamadas “narcolanchas” —embarcaciones usadas para el tráfico de drogas— será castigado con hasta cinco años de prisión. La medida busca atacar una pieza clave en la cadena logística del narcotráfico marítimo, especialmente en zonas costeras donde operan las llamadas “petaqueras”.