En la rueda de prensa celebrada esta mañana tras el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado “la actitud obstruccionista” por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, a quienes acusa de “boicotear sistemáticamente el derecho de las mujeres a un aborto seguro y accesible dentro del sistema público de salud”. García ha subrayado que “no se puede tolerar que, mientras en la Comunidad de Madrid se han practicado más de 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo en la última década, apenas 177 se hayan realizado en hospitales públicos, lo que es absolutamente inaceptable a estas alturas”. Según la ministra, la falta de implementación del registro de objetores de conciencia y la derivación casi absoluta de la prestación a centros privados “no responde a la ley ni al compromiso con la equidad sanitaria”. El informe presentado por el Ministerio de Sanidad recoge que el 99,5% de los abortos en la Comunidad de Madrid se realizan en clínicas privadas, en contraste con territorios como Cantabria o Galicia, donde alrededor del 80% se incluyen en la red pública. “La ley está para cumplirse y las mujeres tienen que poder ejercer sus derechos sin obstáculos ni desigualdades territoriales; no puede haber gobiernos regionales que conviertan la objeción de conciencia en una tapadera para restringir derechos”, ha declarado García.