La ministra de Inclusión contra los ayuntamientos que dice, no colaboran. La discordia está en el certificado de vulnerabilidad. El ayuntamiento de Valencia pone las dudas encima de la mesa. Porque los funcionarios no dan abasto en Vigo, en Ferrol o en Almería. También en oficinas de Correos. Misma queja la de los sindicatos de prisiones que por primera vez en una regularización tiene que informar, y facilitar la documentación a la mayor brevedad posible a la población extranjera. Son 22.000, pero en la practica la opciones de regularizarse se reducen a los casi 4.000 que no tienen antecedentes penales Están en prisión preventiva. Para Interior estar en prisión preventiva no significa ser un amenaza para la seguridad hasta que otro informe policial lo diga. El PP, sorprendido y la policía alerta porque creen que el proceso paraliza la orden de expulsión administrativa.