M029-MADRID RP CONSEJO DE MINISTROS

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha defendido en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el decreto-ley aprobado hoy para regularizar a migrantes en situación irregular, subrayando su impacto positivo en la economía y la sociedad española. Sáiz ha explicado que "nuestra prosperidad está demostrablemente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras", aportando el dato de que "el 43% del empleo creado en España desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros". La portavoz del Gobierno ha enfatizado que esta contribución "nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar", además de suponer "el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en que lo necesitamos más que nunca". Ha calificado la medida como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha matizado este martes sus declaraciones sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, reiterando su "confianza absoluta en la justicia". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha defendido que sus opiniones "no son nuevas" y las ejerce "en el ejercicio de mi libertad de expresión", calificando resoluciones judiciales sin mencionar personas concretas, aunque ha insistido en que son "absolutamente respetuosas en lo personal". Ha afirmado que esta visión es "muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española" y "por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia". El ministro ha contrastado la situación actual con "tiempos de Fernando VII", subrayando que "España es un estado de derecho" con un "sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho". Ha recordado que los tribunales superiores "ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento" y revocado otras "contrarias a nuestro ordenamiento", por lo que mantiene "total confianza en la justicia en nuestro país".