La legislatura atraviesa uno de sus momentos más delicados, sacudida por la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el creciente distanciamiento de los socios parlamentarios clave del Gobierno. La situación no solo refleja un cambio en la actitud de la izquierda, ahora mucho más prudente a la hora de defender al exmandatario, sino también una presión cada vez más evidente desde formaciones que han sostenido al Ejecutivo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), considerado un socio estratégico fundamental para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo al abandonar su tradicional cautela. Su portavoz, Aitor Esteban, afirmó recientemente que “sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo”, marcando un punto de inflexión en la postura del partido. Además, los nacionalistas vascos han pedido públicamente que se convoquen elecciones antes de que acabe el año, argumentando que la agenda del Ejecutivo está “descontrolada”. Este posicionamiento no es aislado. Otras formaciones que han apoyado al Gobierno también han endurecido su discurso. Desde Coalición Canaria, su representante Cristina Valido también ha sido tajante y ha asegurado que “se acabó, que el árbitro pitó la hora, que toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo gobierno”. Las opciones que plantean estos socios pasan por una moción de confianza o directamente por un adelanto electoral.