Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han defendido en el Tribunal Supremo la legalidad de la intervención policial y el tratamiento de los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación que afecta a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Durante su declaración, los agentes explicaron que los registros domiciliarios y la incautación de teléfonos móviles se realizaron conforme a protocolo, incluyendo el uso de bolsas precintadas y sistemas de aislamiento para evitar manipulaciones. Asimismo, detallaron que los volcados forenses de los dispositivos fueron realizados por los propios investigadores, sin intervención de unidades externas.

Los testigos subrayaron que los audios e imágenes obtenidos son “inalterables” y que existe una trazabilidad documentada de cada evidencia, almacenada posteriormente en soportes externos para su análisis. Estas explicaciones se producen en un contexto en el que las defensas intentan impugnar la validez de las pruebas.

Por su parte, los abogados de los investigados han cuestionado tanto la cadena de custodia como el acceso a la información incautada, denunciando que el material facilitado es “insuficiente” y reclamando la devolución de los dispositivos originales para garantizar el derecho de defensa.

Además, la defensa de Koldo García puso en duda la necesidad de la entrada forzosa en su domicilio, mientras que los agentes justificaron la actuación por el riesgo detectado en escuchas previas. El debate sobre la gestión y validez de las pruebas continúa marcando el desarrollo del juicio.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. TOTALES JUICIO MASCARILLAS AGENTES UCO