Han pasado más de cinco años desde que se aplicaron los llamados "protocolos de la vergüenza" en las residencias de Madrid durante la pandemia. Un tiempo que no ha sido suficiente para que muchos de los familiares de los fallecidos en las residencias sin la suficiente asistencia médica, 7.291 personas mayores, hayan podido hacer el duelo, ni tampoco hayan visto un resultado en los juzgados. Desde 2020 se han presentado 350 querellas. Entre las desestimadas hay 50, que afectan a 81 personas, que están a la espera del recurso de amparo del Tribunal Constitucional. El abogado que lleva estos casos, Carlos Vila, explica que lo que le piden al alto tribunal es que obligue a los juzgados a seguir investigando, porque, asegura, en muchos casos se han cerrado solo con un informe del forense y sin que se haya escuchado a los querellantes, ni se haya citado a declarar a ningún testigo. Salvo alguna excepción, algún juzgado que citó a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en calidad de testigos. Marea de Residencias está presente en todas estas demandas. Según explica su portavoz, Carmen López, ahora mismo hay 92 causas abiertas, sumando las querellas nuevas que se han interpuesto alegando un delito de discriminación y que, en este caso, si ha llevado al juzgado a declarar como imputados a Carlos Mur, firmante de los protocoles, así como a Javier Martínez Peromingo y Antonio Bugueño, todos ellos con responsabilidad en el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. En estos casos, además, la Fiscalía y el juez instructor han escuchado a los querellantes y al que fue consejero de Bienestar Social, Alberto Reyero, que dimitió al rechazar de lleno estos protocolos. Ana Cristina y Amor, familiares de víctimas, cuentan cómo cinco años después y a pesar del apoyo psicológico no han podido hacer el duelo y aseguran que, judicialmente, llegarán hasta el final. Por sus familiares, pero también, por todas las personas fallecidas en las residencias sin la atención médica requerida. Para ellas es muy importante que se depuren responsabilidades y se reconozcan los errores para que "algo así no vuelva a ocurrir". También son cautelosos con el proceso judicial, porque "el camino es muy largo", aún.