La Audiencia Nacional investiga una presunta red de amaño de contratos públicos que habría operado en distintos puntos de España y que, según el auto judicial, se habría embolsado al menos 750.000 euros en comisiones ilegales. Los investigadores sitúan como cabecillas a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al propietario de Servinabar, Antxón Alonso. Según el escrito del juzgado, los tres formaban un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', término en euskera que significa “nosotros tres”. La investigación apunta a que habrían participado en cinco operaciones para favorecer intereses empresariales a cambio de pagos irregulares. La primera comisión estaría vinculada al rescate de la empresa Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por un importe total de 112 millones de euros, con una presunta mordida de 114.000 euros abonada mediante una facturación “aparentemente mendaz”. El segundo pago, de 18.120 euros, correspondería a un contrato considerado innecesario entre la empresa pública Mercasa y Servinabar. El auto judicial recoge además otros tres pagos: 400.000 euros tras la adjudicación de un contrato público a Demoliciones Erriberri; 17.545 euros en una operación para favorecer a Acciona; y 200.000 euros relacionados con una ayuda de la SEPI a Forestalia. Tras su paso por la Audiencia Nacional, Leire Díez abandonó el edificio en silencio y sin hacer declaraciones. La investigación continúa abierta.