J059-MADRID JUICIO FISCAL CONCLUSIONES ACUSACION 5

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa centra su primera tesis en que el delito de revelación de secretos se produjo al dar a conocer los entrecomillados del correo filtrado; y que no importa que varios periodistas conocieran antes el contenido nuclear de ese texto. El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa toma como indicio de la culpabilidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su “actitud” durante la investigación de la filtración. “Borra los whatsapps, cambia de móvil…”, ha enumerado. Y también ha mencionado otro elemento como sospecha: una nota que envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de la comparecencia de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. “Ahora sabemos que cuando él solicita los correos es mucho antes de que Vozpópuli y Libertad Digital publicasen nada”, ha explicado.

La Fundación Foro Libertad y Alternativa ataca al periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, el primer redactor que publicó entrecomillados del correo filtrado y que dijo que lo tenía copiado desde seis horas antes de que le llegara al fiscal general. Según esta acusación popular, “es imposible darle veracidad”. “Es inverosímil”, según él, que tuviera el correo desde seis horas antes y no contara este extremo hasta que declaró como testigo en el Tribunal Supremo varios meses después.

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa acusa al fiscal general del Estado de prevaricación por haber dado la orden de que le enviasen los correos del caso de Alberto González Amador a su correo personal. Cree que esa orden, que le da a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, es “contraria a normativa y con finalidad torticera”. “Lo único que justifica que se envíe a la cuenta personal es dejar la puerta abierta a, en caso de que sea necesario, como ha sido, poderlo borrar sin dejar rastro en la cuenta corporativa”, ha argumentado. Explica que la ley de normativa de Protección de Datos “llama a evitar” el uso de la cuenta personal y, por tanto, entiende que la orden del fiscal “se dicta a sabiendas de que es injusta, por lo que constituye un delito prevaricación”.