Sumar, socio de coalición de Pedro Sánchez, se opone de manera frontal a las medidas que propone el presidente del Gobierno para combatir la crisis de la vivienda. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, critica la propuesta de beneficios fiscales para los propietario que no suban su alquiler. Señala las conclusiones de un informe que refleja que la brecha de ingresos entre caseros e inquilinos se sitúa en más de 23.600 euros. En la misma línea se han manifestado otros grupos de izquierda, como Compromís y Podemos. Ione Belarra añade que, según los cálculos de su equipo, el impacto de esta medida en las arcas públicas supondría una merma de 3.700 millones de euros.