Menos de un año ha tardado la jueza en enviar al hermano de Pedro Sánchez al banquillo por su contratación para coordinar los conservatorios de Badajoz. Él siempre defendió que fue legal y explicó que encontró la convocatoria de la plaza por casualidad. La jueza, Beatriz Biedma, siempre sospechó que la plaza se le adjudicó a dedo. Más aún, está convencida de que la crearon para él y a su medida. Además, acusa al hermano del presidente de mover los hilos para que contrataran a un colaborador suyo. Dos veces ha declarado David Sánchez sin convencer a Biedma, que le sienta en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación, con la amenaza de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación. Entre la decena de acusados está también el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ayer mismo se hizo con el aforamiento que le permitirá ser juzgado en el Tribunal Superior. Lo ha logrado tras la renuncia de una diputada socialista y pasando por delante de cinco compañeros del PSOE extremeño que iban en las listas antes que él.