El Gobierno toma cartas en el asunto Jumilla. Han presentado un requerimiento en el Ayuntamiento del municipio para que la polémica norma acordada entre PP y Vox no se efectué. Encuentran arbitraria la prohibición de celebrar actos religiosos en el polideportivo que no estén aprobados por el Consistorio. El Ayuntamiento dispone de un mes para contestar la impugnación. De no hacer caso, explican desde la Delegación del Gobierno, consultarían la viabilidad de llevar la medida a los tribunales. “Ante la intolerancia no hay medias tintas”, escribe el ministro de Política Territorial en sus redes. “PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no”, añade. El Ayuntamiento de Jumilla, de momento, no se ha pronunciado al respecto mientras que algunos vecinos han recibido con alivio la intervención del Gobierno. En su municipio, aseguran, nunca ha habido problemas de convivencia.