El Gobierno estudia, a través de la Abogacía del Estado, si toma alguna decisión para recurrir la suspensión del voto a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. El vicepresidente Carlos Cuerpo ha asegurado que 160.000 afectados no es una cifra suficiente como para poder alterar el censo. Sin embargo, PP y VOX apoyan la decisión del Tribunal Supremo. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", mientras que Santiago Abascal insiste en que la decisión del Supremo demuestra que el Ejecutivo había querido "fabricar votantes" en un intento de "manipular el censo electoral". Frente a ellos, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que en democracia "el derecho a voto se garantiza, no se restringe".