Uno de los frentes que ocupan al Gobierno en su tramo final hacia las elecciones del 29N es el auto del Tribunal Supremo que mantiene la supresión del voto a descendientes de exiliados nacionalizados en virtud de la llamada ‘ley de nietos’. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz no ha dudado en calificar esta decisión como de “extrema gravedad” porque supone dejar sin su derecho al voto a 163.000 personas, “uno de los derechos fundamentales recogido en la Constitución”, según ha recalcado. Y concluye con un mensaje al Tribunal: “En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe”.

La ministra no ha querido dar detalles de las medidas que piensa tomar el Gobierno para tratar de revertir esta decisión. “Acabamos de conocerlo y se está estudiando por parte de la Abogacía del Estado. Estamos en esa fase de análisis”, ha concluido.