Los socialistas y el Gobierno llegan al verano inmersos en la polémica judicial que no cesa. Sentenciados Ábalos y Koldo en el Supremo, otra pata de la investigación al entorno del exministro, ésta en la Audiencia Nacional, imputa ahora su antigua pareja Jéssica Rodríguez junto a altos cargos públicos por sus enchufes en varias empresas estatales en una causa que que investiga presuntas comisiones por el amaño de obra pública. Se suma a la insólita imagen que veremos de Directora y el DAO de la Guardia Civil declarando ante el juez imputados por sus relaciones con la presunta fontanera del PSOE Leire Díez. La Fiscalía cree que pudieron colaborar con ella para obstaculizar investigaciones al PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez. Además todavia estar por aclarar el origen de las joyas encontradas en el despacho Zapatero, cuya imputación en el caso Plus Ultra ha dañado seriamente la imagen de uno de los faros del socialismo. Este viernes además se supo que las cuentas el expresidente, su familia y su amigo el empresario Julio Martínez estaban siendo inspeccionadas por Hacienda desde el mes pasado adelantándose a la petición del juez Calama. El cortafuegos a todo esto del Gobierno ha sido defender la presunción de inocencia, desvincular a Sánchez de los escándalos, atribuirse el mérito de actuar contra sus manzanas podridas, presentarse como víctima de un plan orquestado y atrincherarse en el miedo a la llegada ultraderecha. Que ya tiene forma en los pactos de Gobierno autónomico de PP y Vox. El último en Andalucía. Juanma Moreno no quería el lío de gobernar con VOX y este viernes se esforzó en demostrar su desagrado. El presidente andaluz decía no estar contento pero no convocó nuevas elecciones y le dio a la ultraderecha una vicepresidencia y una consejería que en realidad son cuatro: Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación. Además de asumir algunos de sus postulados. En el acuerdo de gobierno además de la "prioridad nacional", desparece cualquier mención a la violencia machista, rechazo a la acogida de menores inmigrantes no acompañados, fiscalización del uso de la sanidad pública de los no andaluces, planes de promoción de la caza y la tauromaquia y tesis del negacionismo climático, como la eliminación las zonas de bajas emisiones en ciudades recomendada por Bruselas.