El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que pretende encarar la crisis del sector durante los próximos cuatro años. El plan cuenta con una dotación récord de 7.000 millones de euros, el triple que el proyecto anterior e incluye dos novedades importantes: el blindaje como públicas de todas las viviendas protegidas que reciban fondos estatales y el aumento de las ayudas para la construcción de vivienda pública, que se destinará mayoritariamente al alquiler con un precio máximo de 900 euros al mes.

“Es un plan que nace con la vocación de dar respuesta a una demanda. La ciudadanía está demandando un acuerdo para dar respuesta al principal problema que sufre”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha indicado que este plan viene a “conformar el quinto pilar del Estado del Bienestar”, y que es “un paso importante en esta solución para el problema de la vivienda hoy y para siempre”, para evitar “que sea una crisis recurrente”.