En un comunicado de nueve páginas la Unión Progresista de Fiscales critica con dureza la sentencia del Supremo. Advierten que supone un "giro constitucionalmente letal" y ponen el foco en que "ya no se condena porque algo esté probado". La asociación a la que perteneció García Ortiz subraya, además, que en un Estado de derecho "solo puede condenarse cuando existe certeza más allá de toda duda razonable". No son los únicos que muestran su rechazo, también la Asociación de Jueces por la Democracia: "No parecen suficientes los indicios que se han tenido en cuenta, entendemos que el fiscal general se limitó a cumplir con su obligación". Una opinión contraria a la del sector conservador de Fiscalía y judicatura que defienden la sentencia, la consideran justa y motivada. En el plano político, el ministro de Justicia, Félix Bolaños afirma respetar la sentencia, pero no entenderla: "Discrepo del fallo, discrepo de la sentencia, creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia." Y la oposición, los populares, servidos con la munición respondían al ministro: "Inhabilitado, fulminado, ese es su sitio, el de los delincuentes, y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente dijo". Un ridículo histórico, dicen en el PP, para el Gobierno.