El auto del juez Peinado, de 84 páginas, ha desatado la polémica y ha puesto el foco en su actuación. En la página 81, señala a los policías que escoltan a Begoña Gómez y plantea incluso que podrían facilitar una posible fuga de España. La reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido rápida: ha encargado al Promotor de la Acción Disciplinaria estudiar si procede abrir expediente. La decisión, sin embargo, no fue unánime y necesitó el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para salir adelante. No obstante, los precedentes recientes apuntan a una posible falta de consecuencias disciplinarias. El juez Ruiz de Lara fue investigado tras calificar al presidente del Gobierno como “psicópata sin límites éticos” y usar términos despectivos hacia otros cargos, pero el expediente terminó archivado. Un desenlace similar tuvo el caso del magistrado Eloy Velasco, tras afirmar que Irene Montero no podía enseñarles nada “desde su cajero de Mercadona”. Estos antecedentes sitúan el caso de Peinado bajo la lupa, en un contexto en el que la apertura de expediente no siempre implica sanción.