Han sido décadas de memoria y el día llegó en octubre de 2022 con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática que en su disposición octava introduce la posibilidad de otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. Desde entonces hasta el 31 de marzo de este año se han tramitado la mitad de las 2,4 millones de solicitudes registradas. El Partido Popular y su líder denuncian un intento de alterar el censo electoral después de años abrazando esa norma conocida como ‘de nietos’. Hoy, Ester Muñoz protestaba, además, porque el procedimiento contemple un periodo temporal entre el 36 y el 55, en el que no se exige acreditar el exilio documentalmente.