La prioridad nacional extremeña, replicada en Aragón por PP y Vox, habla de excluir "del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular", es decir, restringir a los migrantes irregulares acudir al centro de salud, limitando su acceso sanitario exclusivamente a las urgencias. La universalidad de la sanidad pública está blindada por el marco legal del Estado tras reforzarla hace un mes el Gobierno vía real decreto. Si nos fijamos en el uso que hacen de la sanidad, los migrantes acuden un 6% menos al médico. Y en cuanto a las ayudas sociales, solo un 17% de los receptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros.