El abogado de Alberto González Amador desliza las sospechas sobre un complot político contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Considera probado que fue el fiscal el que filtró el correo con la confesión del empresario y pide para él cuatro años de cárcel. La misma pena que solicitan el Colegio Abogados de Madrid y Manos Limpias. En este caso la fiscal no acusa. Sí lo hace una asociación de fiscales como acusación popular. Es la parte que exige la mayor condena, 6 años de prisión. En sus conclusiones ha dejado comparaciones duras. Esta tarde, turno para la defensa. Antes de que el juicio quede visto para sentencia, el Fiscal General del Estado tendrá la posibilidad de pronunciar un alegato final.