A falta de conocer el contenido de la sentencia, pendiente de redacción, el Gobierno y sus socios mantienen el enfrentamiento con el PP. El ministro Óscar López insiste en que se trata de una sentencia injusta que acata, pero ante la que no se van a callar, dicen. Los populares denuncian que el Ejecutivo está traspasando un límite muy peligroso que pone en riesgo el Estado de derecho y siembra dudas sobre la idoneidad del nuevo Fiscal General que elija Sánchez para sustituir a García Ortiz.