Las máximas autoridades de la cúpula judicial han mostrado su preocupación por los ataques vertidos desde el ámbito político durante el acto solemne de apertura del Año Judicial, defendiendo de manera tajante el papel de los tribunales y del Ministerio Fiscal. Durante su intervención, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech, ha censurado las "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones". A su juicio, este tipo de reproches supone una "imputación de extraordinaria gravedad" que atenta de forma directa contra el principio de imparcialidad e independencia de los magistrados. Por su parte, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha rechazado de plano el clima de cuestionamiento que sufre la institución, lamentando profundamente la "descalificación sistemática" a la que se ve sometida. Peramato ha enfatizado la importancia del estricto respeto a la legalidad y ha remarcado el compromiso irrenunciable del Ministerio Público con la objetividad en el ejercicio de sus funciones.