El informe de la UCO intenta demostrar que Cristóbal Montoro forma parte de un entramado para beneficiar desde el Ministerio a empresas privadas a través de un despacho de consultoría. A cambio, este bufete, fundado por Montoro, conseguía contratos jugosos que los investigadores relacionan en el tiempo con sus decisiones legislativas. Los agentes sospechan que Montoro jamás se desvinculó de ese despacho. Investigan también si se usaron testaferros y empresas pantalla para ocultar beneficios de origen ilícito.