Diez de los doce magistrados del Constitucional, una inusitada mayoría en una institución en constante punto de mira, han decidido no aceptar el recurso del Defensor del Pueblo por considerarlo prematuro. Las cosas quedan como estaban: todos los nacionalizados por la ley de nietos que no puedan demostrar que su antepasado era un exiliado no podrán votar. El problema continúa en los consulados. 48 de sus oficinas han podido cotejar y separar entre aquellos nacionalizados que sí tuvieron que demostrar el exilio y los que no era necesario. Mientras, los breves plazos electorales se acercan. A partir de este sábado se empezará a enviar la primera parte de la documentación a todos los inscritos en el Censo de Votantes Residentes en el Extranjero. Con ella recibirán además un mensaje, impuesto por la Junta Electoral Central, en el que se advierte que algunos de ellos no podrán votar. Una advertencia que recibirán todos los censados si no se consigue identificar a los afectados por la decisión del Supremo. Precisamente por eso el PP advierte al Ministerio de Exteriores que no actuar "es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias". Consecuencias penales incluidas. Albares ha asegurado que los populares hacen el "ridículo" por querer llevarlos ante la Justicia y Exteriores explica que dieron instrucciones para agilizar el proceso subrayando la urgencia de una tarea prioritaria y que incluso se han suprimido todos los permisos hasta las elecciones. Ante la decisión del Constitucional, el Gobierno insiste en su defensa del derecho a voto de todos los nacionales.