Reforma histórica. El martes el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, la primera ley procesal penal de la democracia. Cambiará notablemente el actual sistema judicial. La mayor diferencia será que las investigaciones penales pasarán a manos del Ministerio Público. Serán los fiscales quienes se encarguen de dirigirlas. Una reforma que no es ni única, la mayoría de los países europeos la tienen, ni novedosa en España. Ya se intentó impulsar con el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy.Aunque ha sido fuertemente criticada por la mayor parte de jueces y fiscales con protestas y huelgas, todas las asociaciones, menos Unión Progresista de fiscales y Jueces y Juezas para la Democracia, consideran que la reforma vulnera la independencia judicial acercándola más al Ejecutivo. Pese a las protestas, ahora se convertirá en la primera ley de enjuiciamiento criminal que llega al Congreso de los Diputados para su tramitación, donde le espera un futuro incierto con la actual aritmética parlamentaria. Además, incluye otras novedades, como la creación de la figura del juez de garantías, que supervisará y delimitará la investigación del fiscal en ciertos aspectos como la duración de esta, el secreto de las actuaciones o autorizar determinadas medidas cautelares, como la prisión provisional. La reforma también trae cambios para la figura de acusación popular, que no podrán ejercerla ni personas jurídicas públicas, ni partidos políticos, ni sindicatos ni asociaciones dependientes de ellos. Una vez sea aprobada entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Por lo que no afectará a ningún procedimiento previo a esa fecha, tampoco, por tanto, al caso del fiscal general del Estado.