Madres y padres de cinco asesinados por menores han registrado en el Congreso de los Diputados 130.000 firmas para pedir un cambio en la ley del menor. La legislación actual contempla una pena máxima de 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 de libertad vigilada. Los familiares solicitan que en los casos más graves como los de asesinato esa pena se endurezca. Silvia Guerrero, madre de Juan, e Inmaculada Andrés, madre de Leticia, han ejercido de portavoces de las familias. Sus hijos fueron asesinados por menores de 17 y 16 años. En el caso de Leticia, su asesino saldrá a la calle dentro de 15 días después de haber cumplido la sanción correspondiente.