El ejercicio de los llamados lobbies o grupos de interés para tratar de influir en la Administración no solo es legal, sino que es un instrumento democrático. "Los poderes públicos muchas veces adoptan decisiones aislados de la sociedad, que existan mecanismos de influencia en los poderes públicos en mi opinión enriquece la democracia", explica Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Es habitual que expolíticos, debido a sus contactos y su conocimiento de la Administración, acaben en el sector del lobby. El problema está cuando deja de serlo y se convierte en un delito de tráfico de influencias. "El lobby y las incompatibilidades van muy de la mano. Hasta qué punto esas personas se están aprovechando de su situación anterior para vender esos servicios", añade. La línea de incompatibilidades es muy fina, de hecho, es lo que está en el centro de la investigación judicial del expresidente Zapatero por el rescate de Plus Ultra, y no es el único caso. "En el Parlamento Europeo hay casos de empresas ofreciendo un contrato en el futuro de más de 100.000 euros a cabio de unas preguntas en la tramitación parlamentaria", puntualiza. La regulación de los lobbies que debate el Congreso es una exigencia de Bruselas, que quiere que haya un registro estatal para que se haga público el rastro de influencia que dejan las personas, empresas y organismos en la Administración.