Cuatro veces ha hecho Begoña Gómez el trayecto en coche hasta los juzgados. Dentro la volvía a esperar el juez Peinado. Esta vez por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Se investiga si se sirvió de la labor pública de su asesora, Cristina Álvarez, para desempeñar asuntos privados. A preguntas de su abogado, la mujer del presidente ha explicado que de manera excepcional le pidió ayuda con el envío de algún mensaje personal. Algo, ha reiterado, muy esporádico que no afectaba a las funciones de su secretaria. Asistente a la que eligió porque ya la conocía y porque en Moncloa le dijeron que debía contar con alguien para llevar su agenda como habían hecho otras esposas de presidentes. Explicación insuficiente para la acusación popular. "Begoña Gómez ha declarado pero no ha aclarado nada que no supiéramos antes ya", decía a la salida Marta Castro, letrada de Vox. La asesora de Gómez tan silenciosa y fugaz a la salida con los periodistas como dentro con el juez. Cuatro minutos le han bastado para acogerse a su derecho a no declarar. Fuera le preguntaban si hubo malversación de fondos públicos. La sospecha surgió por varios correos enviados desde la cuenta oficial de Moncloa. En uno de ellos Cristina Álvarez le transmitía a una empresa el deseo de Begoña Gómez para que siguieran patrocinando su cátedra en la universidad. Asunto personal que, ya aclaró, lo gestionó como un favor entre amigas.