A cuatro horas de que termine el mes de plazo, Ayuso parece que mantendrá su negativa, porque hoy a las 00:00, recuerda la ministra de Sanidad, termina el mes que el Gobierno había dado a las comunidades para crear un registro de objetores de conciencia al aborto. Madrid se niega y lo justifica diciendo que no habrá listas negras. Pero ese registro no es público, sólo pueden acceder los responsables de los centros sanitarios, y es en los privados en los que se producen más abortos. De los más de 100.000 que se practicaron en nuestro país el año pasado, sólo el 20% se hicieron en hospitales públicos frente al casi 80% de los centros privados. En Madrid la diferencia se dispara: solo el 0,5% de los abortos se practican en la sanidad pública. Pero ni el plazo, que vence esta noche, ni las explicaciones del Gobierno han hecho cambiar de opinión a Ayuso, que convierte a Madrid en la única comunidad que no creará el registro. Baleares y Aragón, también gobernadas por el PP, sí han acatado el requerimiento del Gobierno.