Isabel Díaz Ayuso mantiene su pulso al Gobierno y al ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid, de momento, no va a hacer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto. Anoche terminó el plazo para adoptar esa medida obligatoria que facilitaría a las mujeres poder abortar en la sanidad pública. Desde el Gobierno de Ayuso han decidido que sean los tribunales quienes resuelvan el enfrentamiento alegando que se señalaría a los profesionales sanitarios objetores. El registro en todo caso no es público. La Comunidad de Madrid se queda sola así en su negativa a crear el registro después de que Baleares y Aragón, gobernadas también por el Partido Popular, hayan acatado el requerimiento del Gobierno.