La Iglesia, el Defensor del Pueblo y el Gobierno han firmado el protocolo para indemnizar a las vÍctimas de abusos sexuales que ya no pueden acudir a la Justicia porque sus casos han prescrito o porque los agresores han muerto. A partir del día 15 de abril, las víctimas pueden hacer sus solicitudes ante el Ministerio de Justicia. Sus casos serán estudiados y si no hay acuerdo la última palabra sobre la indemnización, que tendrá que pagar la Iglesia, la tendrá el Defensor. No se establecen cantidades económicas concretas. Se analizará caso a caso y también podrán revisarse los ya indemnizados hasta ahora. El Gobierno está trabajando para que las víctimas que reciban indemnizaciones, más de 2.000, no tegan que tributar en el IRPF.