El Consejo de ministros aprueba el anteproyecto de ley de memoria democrática. Esta nueva norma incluye un plan nacional de subvenciones con el que se facilitarán las exhumaciones y se creará un banco de ADN para identificar a los fallecidos.

Además se declararán nulos los juicios políticos durante el franquismo como el que desembocó en la ejecución del presidente de la Generalitat, Lluis Companys.

El Gobierno incorporará a la ley las recomendaciones hechas por la ONU para “garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo” y se incidirá en la forma de cambiar la enseñanza de la dictadura en colegios e institutos.

La ley de asociaciones será modificada para que no se pueda enaltecer la figura de dictadores como Franco y se convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil.

Siendo este un lugar de memoria para las más de 30.000 personas que fueron enterradas allí sin el consentimiento de sus familiares.

-Redacción-