El PP está siendo muy crítico con la regularización extraordinaria. Dice que lleva al colapso de los ayuntamientos, donde se deben obtener algunos de los documentos necesarios, y también critican que se haya informado a los presos de que pueden acogerse al proceso.

La ministra de Inclusión se ha manifestado en contra los ayuntamientos que -dice- no colaboran. La discordia está en el certificado de vulnerabilidad. El ayuntamiento de Valencia pone las dudas encima de la mesa. Porque los funcionarios no dan abasto en Vigo, en Ferrol o en Almería. También en oficinas de Correos. Misma queja la de los sindicatos de prisiones que, por primera vez en una regularización, tienen que informar y facilitar la documentación a la mayor brevedad posible a la población extranjera. Son 22.000 pero en la practica la opciones de regularizarse se reducen a los casi 4.000 que no tienen antecedentes penales y están en prisión preventiva.

Para Interior estar en prisión preventiva no significa ser un amenaza para la seguridad hasta que otro informe policial lo diga.

El PP, sorprendido... Y la policía alerta porque creen que el proceso paraliza la orden de expulsión administrativa. Porque sobre todo en multi-reincidentes se intenta ejecutar cuando salen sin necesidad de esperar al juicio.