David fue jurado en un mediático juicio hace 11 años, pero recuerda esa experiencia como si fuera ayer. Todo empieza con una carta que le notificaba que había sido elegido, un deber cívico al que ningún ciudadano estadounidense puede escapar. Negarse implica sanciones económicas o incluso pena de cárcel. En el banquillo de los acusados se sentaba una niñera que había asesinado a los dos pequeños que cuidaba. Fueron tres meses de horror, viendo crueles imágenes y escuchando testimonios estremecedores. David tenía prohibido hablar del tema fuera de la sala. Ni siquiera podía desahogarse con su esposa. Llegaba a casa por la noche emocionalmente destrozado, pero cumplía con su palabra. Fue difícil, porqué duró mucho tiempo y acabó afectándole con episodios de pánico cuando estaba despierto y problemas para dormir. Ahora admite que se encuentra mejor, pero todavía siente cierta ansiedad cuando pasa por delante de la casa donde vivían los niños, o cuando lee el nombre del juez al frente del proceso: Gregory Carro, el mismo que hoy preside el juicio contra Luigi Mangione, acusado de asesinar a un directo en pleno Manhattan. En algunas ciudades de Pensilvania, California o Alaska están empezando a ofrecer apoyo psicológico al tribunal ciudadano, pero en la mayoría del país, al veredicto sólo sigue un agradecimiento y la vuelta a una rutina que para muchos nunca volverá a ser igual.