La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado drásticamente en los últimos días, con movimientos militares que hacen temer un posible enfrentamiento armado en el Caribe. El presidente estadounidense ha ordenado el envío de 10 cazabombarderos F-35 a Puerto Rico, sumándose a una flota de destructores y submarinos que ya opera frente a la costa venezolana bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

La decisión se produjo tras el sobrevuelo de dos F-16 venezolanos cerca del destructor USS Jason Dunham. Donald Trump ha autorizado a sus generales a derribar cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza para sus fuerzas. “Si vuelan en una posición peligrosa, ustedes pueden tomar la decisión oportuna”, declaró.

Desde Caracas, Nicolás Maduro ha respondido con firmeza, acusando a Washington de intentar un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina. Aunque asegura que el país se encuentra aún en una “fase de lucha no armada”, advierte que si se produce una agresión, Venezuela pasará a una “etapa de lucha armada”.

El gobierno venezolano ha movilizado a más de 8 millones de milicianos voluntarios para “defender la patria”, mientras denuncia que los bombardeos estadounidenses ya han alcanzado embarcaciones sospechosas de transportar droga. Trump, por su parte, acusa a Maduro de liderar uno de los principales cárteles de la región y ha ofrecido 50 millones de dólares por su captura, sin aportar pruebas.

A pesar del tono beligerante, detrás del escenario militar persisten vínculos económicos y diplomáticos. Venezuela sigue colaborando en deportaciones de ciudadanos desde EE.UU., y la petrolera estadounidense Chevron ha renovado recientemente su licencia para operar en el país.

Mientras tanto, a pocos kilómetros de Caracas, las playas siguen tranquilas, ajenas —por ahora— a los tambores de guerra que resuenan en el mar Caribe.