De los 1.220 reclusos que murieron en 2025, al menos 206 lo hicieron durante enfrentamientos entre bandas y otros actos de violencia, frente a los 46 del año anterior, según las cifras. Fue la cifra más alta desde 2021, cuando fallecieron 328 reclusos. Las demás muertes del año pasado se atribuyeron a enfermedades, suicidios y otras causas indeterminadas, lo que representa un aumento del 256% respecto a las 285 registradas en 2024. Controlar las cárceles es un objetivo principal de la agenda de seguridad de Noboa. El heredero del sector empresarial conservador ha apostado su legado por la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, que han aumentado en América Latina en los últimos años, inspirando la elección de presidentes con mano dura contra la delincuencia, desde Costa Rica hasta Chile. Noboa puso a los militares a cargo de ciertas penitenciarías, está construyendo nuevas cárceles que, según él, están mejor equipadas para atender a delincuentes violentos y ha transferido a algunos presos de alto perfil. Su Gobierno afirma que estas medidas han reducido la violencia en comparación con años anteriores. Sin embargo, las cifras de muertes revelan un panorama sombrío de las condiciones carcelarias, ya que familiares de reclusos y organizaciones de derechos humanos denuncian la violencia, los abusos, la tuberculosis agravada por el hacinamiento, la atención médica insuficiente y la falta de alimentación adecuada, todo lo cual, según afirman, se ha visto exacerbado por las estrictas condiciones impuestas como parte de la intervención militar.