Por primera vez, una juez imputa a dos cargos de la Comunidad de Madrid por las muertes en las residencias de los enfermos que no pudieron recibir asistencia sanitaria durante la pandemia. La investigación empezó hace cinco años por supuestos delitos de homicidio y denegación de socorro, pero esas acusaciones no prosperaron. Ahora reactivan el caso alegando otro delito: el de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, como ir en silla de ruedas o tener un deterioro cognitivo. Los imputados son los que firmaron esos protocolos y el lunes tendrán que declarar en los juzgados.