En solo cuatro días más de 27.000 personas se han sumado a su petición.

Con esta recogida de firmas, pide que garanticen el buen funcionamiento de las pulseras.

Hace ya doce años que se divorció de su marido. Tras la separación su maltratador, comenzó a acosarla y en 2016 un juez le impuso una orden de alejamiento con pulsera.

Los avisos llevaron a su expareja a la cárcel, pero la cosa cambio cuando empezó a disfrutar de los permisos en 2024. En ese momento había cambiado el adjudicatario del contrato.

Denuncia fallos de cobertura y geolocalización y pide que se tomen medidas que garanticen la seguridad de las víctimas.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

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