El informe pone en cuestión la fórmula con la que se puntuó a las empresas que optaban a esos contratos públicos. Considera que se beneficiaba las ofertas más caras. Apunta a un posible fraude de ley en las adjudicaciones, entre ellas las recomendadas por Begoña Gómez, en el caso del empresario Juan Carlos Barrabés por un importe superior a los 8 millones de euros

Advierte, además, que se ha borrado información de los documentos de los técnicos que analizaron las ofertas y en ocasiones han sido firmados después de su adjudicación.

Destaca el informe de Hacienda un caso concreto por una llamativa anotación de la que deducen que se dio instrucciones para bajar la puntuación a uno de los licitadores.

Con este informe, el juez deberá concluir si la mujer del presidente influyó para beneficiar a unas empresas y perjudicar a los rivales

Por otro lado, la Guarda Civil ya ha entregado al juez Peinado la investigación de los correos de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. La UCO detalla la participación directa Cristina Álvarez en la gestión de una quincena de patrocinios. 121 mensajes a lo largo de tres años, desde su correo personal, lo que ambas calificaron de una ayuda puntual en sus declaraciones ante el magistrado.