La situación del desalojo de Maricarmen ha dejado en la población muchas preguntas referentes a la legislación de la vivienda. El caso de Maricarmen parte de un contrato de renta antigua que fue objeto de sucesivas subrogaciones: primero del padre a la madre y después a la hija. Estas subrogaciones estaban limitadas por la normativa. Entre las opciones actuales estaría negociar un nuevo contrato, adaptado a la legislación vigente o valorar el acceso a un alquiler social. Esto es lo que dice Emilio Agustín Merchán Ramírez, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona y administrado de fincas, que, además, señala que habría sido necesario estudiar antes del desahucio la situación económica y la vulnerabilidad de la afectada a través de los servicios sociales, así como si podía acogerse a las medidas previstas para las zonas tensionadas. Considera que la administración podría haber planteado alternativas habitacionales antes del desalojo, como una vivienda pública, un alojamiento de emergencia o un alquiler social, teniendo en cuenta la pensión que percibe y sus posibilidades económicas.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS EMILIO AGUSTÍN MERCHÁN RAMÍREZ. LETRADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y ADMINISTRADO DE FINCAS
2. TOTALES EMILIO AGUSTÍN MERCHÁN RAMÍREZ. LETRADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y ADMINISTRADO DE FINCAS