Olalla y sus tres hijos menores han sido desahuciados este miércoles de su vivienda en Barcelona después de que se ejecutara el lanzamiento judicial que ya había sido aplazado hace una semana por la presión de activistas y la falta de efectivos policiales. Según han denunciado organizaciones de vivienda presentes en el operativo, la afectada contaba con certificado de vulnerabilidad por problemas de salud mental y no habría recibido una alternativa habitacional estable.

El inmueble habría sido adquirido por el fondo internacional New Amsterdam Developer, señalado por colectivos sociales por impulsar proyectos de coliving en distintos puntos de la ciudad. Según denuncian los sindicatos de vivienda, el modelo consiste en comprar bloques residenciales, reformarlos y dividir las viviendas para alquilar habitaciones a precios elevados.

Andrea Rivas, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista, aseguró tras el desalojo que “no hemos podido pararlo” y acusó a las administraciones de priorizar “los intereses del lobby inmobiliario”. “El PSC ha asegurado un dispositivo policial para mostrar cuáles son sus políticas de vivienda: desahuciar”, afirmó. La portavoz añadió que Olalla “llevaba toda la vida viviendo allí” y que durante el operativo tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios tras sufrir una crisis nerviosa, siendo trasladada en ambulancia.

Según los colectivos presentes, la mujer dejó de poder afrontar el pago del alquiler por el incremento continuado de los precios de la vivienda. Los sindicatos sostienen que, aunque en estos casos suelen ofrecerse pensiones temporales como solución de emergencia, los recursos municipales se encuentran “colapsados”.

Por su parte, Txema Escorsa, portavoz del Sindicat de Llogateres, calificó la situación de “auténtica vergüenza” y criticó el amplio despliegue policial. “La Generalitat ha mandado muchísima policía para sacar de su casa a una familia vulnerable para que un fondo de inversión pueda seguir con un modelo ilegal de coliving alquilando habitaciones a más de 900 euros”, denunció.

Escorsa afirmó además que la afectada contaba con un “auto de segunda oportunidad” y acusó a las administraciones de no atender adecuadamente su situación de vulnerabilidad. “No han querido atender su situación y la han echado sin alternativas”, señaló.

El desahucio se produjo después de que la vía judicial agotara los recursos disponibles, según explicaron los colectivos de apoyo presentes en la protesta. Al finalizar el operativo, únicamente permanecían en la zona algunas patrullas policiales y representantes sindicales de vivienda.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS SINDICATOS DESHAUCIO
2. TOTALES ANDREA RIVAS, PORTAVOZ DEL SINDICAT D’HABITAGE SOCIALISTA
3. TOTALES TXEMA ESCORSA, PORTAVOZ DEL SINDICAT DE LLOGATERES