Barrio popular de Málaga, edificio del año 1958, lo compra un fondo de inversión y sus vecinos empiezan a recibir avisos de que deben marcharse. Una situación que se repite desde que los fondos aterrizan en el mercado inmobiliario, tras la crisis de 2008, y que 18 años después han hecho de la vivienda un activo financiero, con el que se lucran, mientras los alqulieres están cada vez más desbaratados y no solo en el centro de las ciudades. Jessica, María José y Lidia han decidido quedarse, son un bloque en lucha. Veintidós familias que van a defender su derecho a la vivienda, porque no tienen otra posibilidad. Les resulta imposible asumir una hipoteca para comprar una casa, tampoco pueden pagar el alquiler, ni siquiera a dos horas de Málaga. Entre ellos hay familias vulnerables, pensionistas con ingresos de 600 euros que no pueden afrontar un alquiler más caro de lo que están pagando ahora. El Congreso rechazó, con los votos en contra del PP, Junts y Vox, el Decreto que recogía el escudo social que prohibe desahuciar, sin solución habitacional, a personas vulnerables. 60.000 familias están en esa situación, según el Sindicato de Inquilinas, que avisan, además, de que en 2026 vence el contrao de alquiler de un millón y medio de personas.