Esta semana se ha aprobado la reforma sobre la ley de dependencia que contempla el mayor incremento de la financiación estatal al sistema que se haya hecho jamás: las comunidades autónomas recibirán hasta 6200 millones de euros más entre 2026 y 2027. La reforma contempla además la agilización de los trámites para pedir ayudas, que además se incrementan para las cuidadoras. Ese incremento de la financiación también tiene que servir para que las empresas contratadas por los ayuntamientos para prestar las ayudas a domicilio mejoren las condiciones laborales de sus trabajadoras, que ahora mismo, denuncian, son muy precarias. Hoy se han manifestado en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia. Las trabajadoras de ayuda a domicilio inician así una protesta a nivel estatal que quieren culminar con una huelga también a nivel estatal. Piden ser un servicio público y no depender de empresas que, aseguran, no respetan sus derechos, ni tampoco los de las personas a las que cuidan. Exigen mejores condiciones laborales, con contratos y jornadas dignas. Son un colectivo de más de 130.000 trabajadoras, el 98% mujeres, y atienden a 400.000 personas dependientes, nuestros mayores y personas dependientes.