La Tesorería General de la Seguridad Social ha denegado la prórroga de dos años de alquiler a los inquilinos de las viviendas, de propiedad pública, que gestiona. Una medida recogida en un real decreto que aprobó el Consejo de Ministros. Los vecinos, que han recurrido esta resolución, alertan de la contradicción que supone que el mismo Gobierno que defiende la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler, decida no aplicar la medida a sus inquilinos. Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que este decreto no puede aplicar a estos contratos, porque no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por contra, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo asegura que el decreto es claro al reconocer que debe beneficiar a todos los inquilinos sin distinción. Álvaro Palomino, uno de los vecinos afectados, explica además su lucha para no abandonar la casa en la que vives desde hace ya veinte años, tras recibir hace casi un año y medio una notificación de que deben abandonar sus casas y cómo algunos vecinos ya han recibido órdenes de desahucio. Palomino dice no comprender cómo la administración enajena vivienda pública, mientras, desde el Ministerio de Vivienda, se anuncia la compra de casas. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que es un informe del Tribunal de Cuentas el que le obliga a venderlas, mientras Palomo asegura que se está incumpliendo la Ley de Vivienda que obliga a tener un mayor parque de vivienda pública y no a reducirlo. Son viviendas que usaron funcionarios del estado, personal de la marina mercante, maestros, etcétera. Pertenecían a sociedades de alquiler públicas, que disolvió el Gobierno de Mariano Rajoy, y pasaron a la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social. Una irregularidad, según el Ministerio, porque la Tesorería no tiene competencias en vivienda, que ahora el Tribunal de Cuentas, según las mismas fuentes, obliga a arreglar. De manera que las viviendas se están subastando a precio de mercado (que no pueden alcanzar los actuales inquilinos, aunque se las hayan ofrecido) entre 800.000 y más de 1 millón de euros, y están cayendo en manos de inversores. "De la especulación", asegura Palomino que dice además sentirse abandonado por la Seguridad Social, que funciona como un rodillo, y sin que hayan conseguido ninguna reunión para tratar de arreglar su situación. "Todo son comunicaciones administrativas", denuncia. Palomo explica que los inquilinos irán, si es necesario, a la vía judicial para impedir estos desahucios. Y recuerda que real decreto de prórroga de alquileres, que está pendiente de convalidación en el Congreso, está en vigor y causa efecto para todos los contratos en vigor antes del 31 diciembre de 2027. Y que esto es así independientemente de lo que ocurra en la votación del Congreso de los Diputados. Por eso, insta a los inquilinos, que reúnan las condiciones explicadas, a solicitar esta prórroga a su casero cuanto antes, porque, eso sí, si la norma decae y no se ha pedido la prórroga, ya no se podrá solicitar.